Segunda Oportunidad, al fin.

La aprobación de un Real Decreto de Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas, autónomos y familias, responde a una de las más viejas reivindicaciones de nuestra organización.

Hasta ahora fracasar para un emprendedor o un autónomo era una condena a la indigencia, cuya única salida, en muchos de los casos, eran los comedores públicos.

Así que no podemos más que celebrar que, al fin, se anuncie que se facilitará, en caso de fracaso, la posibilidad de reestructurar las deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pago, de establecer moratorias en el pago de las mismas e incluso acordar quitas y que, además, se reducirá el plazo de reclamación de deudas de 15 a 5 años, algo que permitirá a muchos autónomos y familias que las mismas no les persigan hasta la tumba.

Garantizar una segunda oportunidad no sólo ayudará al autónomo que fracase a superar la situación, a hacer frente al pago de sus deudas, considerarlo como un aprendizaje y reemprender de nuevo, sino que es la mejor forma de combatir uno de los grandes obstáculos al emprendimiento y a la creación de empleo, el miedo al fracaso.

Pero hay que buscar la eficacia de la iniciativa y centrarse en la letra pequeña. Ninguno de los mecanismos puestos en marcha hasta ahora ha funcionado, ya que el coste y los tiempos de los mismos hacían que al final “el collar fuese más caro que el perro”.

Debe establecerse un procedimiento adaptado al autónomo persona física. Que sea exprés y barato. Deben de considerarse las deudas públicas a la hora de establecer quitas no reclamando más allá del principal y eximiéndoles del pago de intereses de demora y recargos ejecutivos. Las deudas con Hacienda y Seguridad Social son las que suelen hundir al autónomo. Y, por último, debemos seguir avanzado en la asimilación de derechos del autónomo con el asalariado, como también se ha anunciado en el Debate para la conciliación. Hay que fijar de una vez por todas un SMI inembargable para garantizar, no sólo que pueda poco a poco hacer frente a sus deudas, sino que tenga un mínimo para su supervivencia y su familia. En derechos no deberían existir “ciudadanos de segunda” y menos considerar como tales a los que arriesgan todo para crear riqueza y empleo.

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