Un castillo de arena sin segunda oportunidad

El Senado aprobó la Ley de Segunda Oportunidad. A pesar de las expectativas que se habían puesto en ella, la Ley es con este texto definitivo una oportunidad perdida para los autónomos. Un bonito castillo de arena con muy buenas intenciones… que se a quedado en nada en cuanto ha subido la marea. Va a tener el mismo éxito que el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, es decir, nulo.

Es una pena, es un intento fallido y no será porque las organizaciones de autónomos no hemos insistido en cambiar gran parte de su articulado. La Ley de Segunda Oportunidad es una ocasión desaprovechada para ayudar a los autónomos que lo pierden todo. Esta Ley no favorece el reemprendimiento a pesar de su enunciado. A los autónomos no sólo hay que ayudarles y tenerles en cuenta cuando empiezan, si no también cuando fracasan y han puesto todo lo que tienen por sacar adelante su proyecto. Más allá de soluciones de refinanciación debería vincularse el procedimiento al reemprendiemiento, como una forma de garantizar el pago a acreedores a través de una nueva actividad.

No establecer quitas a los créditos público a Hacienda y Seguridad Social la vacía de contenido y la deja sin efectividad entre los autónomos. Desde ATA, hemos propuesto en varias ocasiones, y también a lo largo de la tramitación parlamentaria, la necesidad de inclusión de moras y quitas en relación a los créditos públicos, y en el caso de quitas siempre salvaguardando el principal de la deuda, ofreciendo que las mismas sólo sean aplicables a intereses de demora y recargos ejecutivos.

Según los últimos datos del DIRCE a 1 enero de 2014, del total de empresas 3.119.310, más de la mitad, 1.574.729, tienen condición de persona física y que más del 80% de nuestro tejido empresarial tiene menos de 2 asalariados. Los últimos datos relativos a la Estadística de Procedimiento Concursal (EPC) correspondientes al primer trimestre de 2015 (Datos provisionales) del INE, ponen de relieve que de los 1.560 deudores concursados sólo 48 eran persona física con actividad económica, y que dicho número ha disminuido tanto interanual como intertrimestralmente. De las empresas concursadas sólo 0,04% tiene la citada dimensión en cuanto a número de asalariados. Este hecho, pese a algunas opiniones, no responde a una falta de necesidad o voluntad por parte del autónomo persona física de acudir a un procedimiento concursal si no muy al contrario, la necesidad existe. En primer lugar, por la propia responsabilidad patrimonial ilimitada asociada a su condición jurídica y el riesgo personal que se asume y en segundo lugar, por la mayor exposición a tensiones de caja, morosidad (en muchos casos relacionada directa o indirectamente con el sector público) y dificultad de acceso al crédito, aspectos que, asociados a la caída de la demanda durante la crisis, se han traducido en la pérdida de más del 40% de los autónomos, pese al alto índice de reposición por nuevas altas.

Por eso, esta Ley de Segunda oportunidad no responde a las necesidades de los autónomos ni va a evitar que negocios viables que se han visto abocados a la quiebra por la falta de liquidez y la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social vuelvan a crear empleo.

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Segunda Oportunidad, al fin.

La aprobación de un Real Decreto de Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas, autónomos y familias, responde a una de las más viejas reivindicaciones de nuestra organización.

Hasta ahora fracasar para un emprendedor o un autónomo era una condena a la indigencia, cuya única salida, en muchos de los casos, eran los comedores públicos.

Así que no podemos más que celebrar que, al fin, se anuncie que se facilitará, en caso de fracaso, la posibilidad de reestructurar las deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pago, de establecer moratorias en el pago de las mismas e incluso acordar quitas y que, además, se reducirá el plazo de reclamación de deudas de 15 a 5 años, algo que permitirá a muchos autónomos y familias que las mismas no les persigan hasta la tumba.

Garantizar una segunda oportunidad no sólo ayudará al autónomo que fracase a superar la situación, a hacer frente al pago de sus deudas, considerarlo como un aprendizaje y reemprender de nuevo, sino que es la mejor forma de combatir uno de los grandes obstáculos al emprendimiento y a la creación de empleo, el miedo al fracaso.

Pero hay que buscar la eficacia de la iniciativa y centrarse en la letra pequeña. Ninguno de los mecanismos puestos en marcha hasta ahora ha funcionado, ya que el coste y los tiempos de los mismos hacían que al final “el collar fuese más caro que el perro”.

Debe establecerse un procedimiento adaptado al autónomo persona física. Que sea exprés y barato. Deben de considerarse las deudas públicas a la hora de establecer quitas no reclamando más allá del principal y eximiéndoles del pago de intereses de demora y recargos ejecutivos. Las deudas con Hacienda y Seguridad Social son las que suelen hundir al autónomo. Y, por último, debemos seguir avanzado en la asimilación de derechos del autónomo con el asalariado, como también se ha anunciado en el Debate para la conciliación. Hay que fijar de una vez por todas un SMI inembargable para garantizar, no sólo que pueda poco a poco hacer frente a sus deudas, sino que tenga un mínimo para su supervivencia y su familia. En derechos no deberían existir “ciudadanos de segunda” y menos considerar como tales a los que arriesgan todo para crear riqueza y empleo.