La otra gran reforma pendiente: dar voz a las organizaciones

No hay quién ponga en duda que las cosas en España han cambiado mucho en los últimos 36 años. Y muchísimo más si tomamos como referencia la Primera Internacional de los Trabajadores en 1864, nacida como efecto necesario de los desmanes laborales surgidos a raíz de la revolución industrial. Y tomo estos dos puntos de referencia para hablar un poco del estatus quo en el que se mueve hoy en día el diálogo social. Es evidente que en los primeros años de la democracia parecía necesario establecer un juego de fuerzas basado en los sindicatos mayoritarios y en una patronal que nació precisamente de la necesidad de encontrarles un interlocutor a las históricas centrales sindicales, un partenaire para poder tener alguien con quién negociar. En 1976 España estaba por hacer y se eligió un modelo de diálogo social muy acorde con la estructura económica que se consideraba adecuada en aquel momento y no muy distante de aquella que funcionaba en el S.XIX, es decir, un diálogo articulado bajo tres únicos actores: las administraciones, las empresas englobadas en la CEOE –nacida exprofeso para cumplir ese papel– y los sindicatos herederos de los ideales surgidos un siglo atrás.

Pero España se ha consolidado ya como un país democrático y su estructura socioeconómica ha cambiado mucho. La composición del PIB es muy distinta a la de 1976. Las empresas ya no son como las de antaño, se han trasformado y modernizado, y los trabajadores, pese a que siempre pueden mejorar sus condiciones laborales, gozan de derechos que hace siete lustros eran impensables. No voy a ser yo quien ponga raparos a aquel modelo de diálogo social que verdaderamente jugó su papel y dio sus frutos, pero pienso que hoy ha quedado obsoleto, anticuado, sobre todo desde la irrupción del trabajo autónomo, de los profesionales independientes. Y esa irrupción no es el efecto de que se estén despidiendo a asalariados para convertirlos en autónomos como intentan explicar los sindicatos aferrados al esquema decimonónico de que sólo deben existir empresas y asalariados. Según el Mapa del Emprendimiento en España 2014 elaborado por ‘The South Summit‘, sólo el 5% de los emprendedores declara que se ha hecho autónomo por necesidad y únicamente el 9% se encontraba en situación de desempleo. España ha cambiado su modelo productivo con la aparición del trabajo autónomo, como ya lo hizo hace muchos años EEUU y bastantes países europeos. Algo sobre lo que los responsables y protagonistas del diálogo social deberían empezar a reflexionar.

Entiendo que introducir cambios en un sistema consolidado en viejas leyes y normas tácitas es misión complicada. Entiendo también que muchos se resistan a aceptar la transformación que ha sufrido nuestro modelo socioeconómico. Y entiendo que a muchos les cueste salir de la zona de confort en que se encuentran dentro de este diálogo social. Pero el problema es que, con el actual esquema, se rebaja a una segunda categoría a más de 3,1 millones de trabajadores que, a su vez emplean a 800.000 asalariados y que representan el 20% del PIB.

Y esto no ha hecho más que empezar porque cada día hay más autónomos, afortunadamente para España. En el 2020 uno de cada tres ocupados en el sector privado será autónomo y tendrá su propio negocio o actividad profesional. Ni la sociedad, ni la clase política, ni la legislación, ni los agentes económicos o sociales, están todavía preparados para este cambio que se avecina. Las empresas ya buscan una mayor competitividad externalizando servicios que antes les costaba mucho más dinero tenerlos dentro de sus estructuras. En pocos años el panorama laboral de España será como el de otros países: con empresas, asalariados y autónomos. Un país en donde, de una manera mucho más natural, la gente decidirá si quiere ser trabajador por cuenta ajena o profesional independiente.

Los dos sindicatos mayoritarios deberían ser los primeros interesados en que haya más voces en las mesas y en los foros porque ya no representan al 100% de los ocupados. Las grandes patronales tampoco cuentan entre sus filas con los autónomos porque se ha demostrado que apenas si llegan a entender sus problemas y los autónomos huyen de ellas porque se ven ignorados frente la gran empresa. Como ejemplo, una patronal a nivel nacional de las llamadas “representativas” como Cepyme ingresó el año pasado por cuotas de sus asociados 1,9 millones de euros, mientras que otra organización nacional como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, ingresó de sus socios 2,4 millones de euros. El presupuesto de Cepyme y el de la principal organización de autónomos, la Federación ATA, son similares y, sin embargo, los representantes de Cepyme sí pueden sentarse en el diálogo social y la Federación de autónomos no. Seguramente por costumbre, por derechos adquiridos que vienen de la transición y que algunos quieren perpetuar en el tiempo sin darse cuenta de que las cosas han cambiado. Pienso que, en esto, también tienen mucha responsabilidad los gobiernos y las administraciones, porque tampoco parece que muevan un dedo para transformar algo que a las otras dos partes de ese diálogo social tanto les favorece, también a nivel de subvenciones.

Todo esto me lleva a pensar que es necesaria otra gran reforma pendiente: la de dar de una vez voz a las organizaciones de autónomos en igualdad de condiciones con los antiguos y desfasados protagonistas del diálogo social. Para que puedan opinar sobre lo que les afecta, para que puedan aportar su visión de la nueva economía que se está cerniendo sobre el país, para que puedan exigir mejoras para su colectivo. No en mesas aparte, no en despachos diferentes, no como una especie de concesión a un colectivo que no se le tiene mucho en cuenta. Sino a la luz del día, con pleno derecho, con plena responsabilidad. Porque lo demanda la realidad actual, porque lo exige el sentido común, porque es necesario por un mínimo de justicia. Será entonces cuando el diálogo social refleje a la verdadera sociedad donde vivimos y los autónomos podremos aportar nuestro grano de arena para que el país avance.

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Hay que hacer lo que se dice, porque si no, acabas explicando lo que haces

Me duele mucho escuchar lo que últimamente aparece cada día en los medios de comunicación sobre las subvenciones que reciben las grandes organizaciones sindicales. Enseguida me viene a la cabeza sus eslóganes, sus pancartas, sus reivindicaciones, en muchos casos justas, que chocan completamente con su presunta actitud diaria de malgasto de los fondos públicos, de insensibilidad ante los problemas de los trabajadores a los que van destinadas esas subvenciones.

Es decir, echo en falta más coherencia. Como no hacen lo que dicen van a terminar explicando lo que hacen.

Y este asunto me hace barruntar, al menos, tres reflexiones. La primera se refiere al círculo perverso que han generado estas supuestas ayudas a sindicatos y patronales provenientes del dinero de todos los españoles o de los ciudadanos europeos. Por un lado, y al calor de estas subvenciones, proliferaron en su día una miríada de chiringuitos, asociaciones meramente nominales, que no representan a nadie y sólo se crearon para cazar un trozo del pastel. Por otro lado, grandes organizaciones engordaron gracias a ellas, financiaron estructuras que hoy ya no pueden mantener y están desmantelando a golpe de ERE a pesar de que habían logrado controlar esas subvenciones casi en exclusiva –dejando algunas migajas al resto para que se notara menos–. Organizaciones que vieron en estas ayudas su principal medio de vida, olvidándose a veces de aumentar su número de socios, de luchar por sus asociados y representados.

La segunda reflexión es que estas subvenciones, dinero fácil, fueron utilizadas por los Gobiernos, centrales y autonómicos, como moneda de cambio para comprar la llamada paz social. Cuántos millones de euros les ha costado a los españoles, desde el indicio de la democracia, tener contentas a ciertas organizaciones para que los políticos se evitaran un mal trago, una protesta incómoda o para aprobar tales o cuales medidas. También, incluso, algunas empresas han tenido que pagar su derecho de pernada con el fin de evitarse problemas.

Una tercera reflexión viene de la mano de lo que desgraciadamente cada día nos enteramos sobre el mal uso que algunas organizaciones hacen de este dinero fácil. Dice el refrán que lo que no cuesta no tiene valor y de ahí el despilfarro de esas ayudas. Y no se trata sólo de gastar alegremente un dinero que no es suyo, lo grave es que lo han desviado en su provecho y para financiar comidas o actos olvidándose que su finalidad era mejorar la empleabilidad de los trabajadores, algunos en grave situación de exclusión laboral.

La conclusión es evidente y, por mi parte, repetida en multitud de ocasiones. Las subvenciones deben desaparecer –excluyendo a las ONG·s–para que las organizaciones, como hace ATA, vivan exclusivamente de las cuotas de sus socios, del apoyo real –no teórico—que les dan sus representados. Más cuotas y menos cuentos de que tal o cual organización sindical o patronal tiene una larga trayectoria histórica o hace un supuesto servicio a la sociedad. Deben desaparecer las subvenciones para poder medir realmente el respaldo que tienen esas organizaciones, el apoyo que reciben de sus asociados. Deben desaparecer para que no se conviertan en una moneda de cambio para mercadear acuerdos. Deben desaparecer para alejar la tentación de usarlas en beneficio individual o de una organización a la que le falta base social real. Las subvenciones, de haberlas, deben ser finalistas, es decir, deben llegar a sus destinatarios: asalariados y autónomos, para ayudar a mejorar el mercado laboral, para que haya más empleo de calidad.